Cifras de la Confederación Sindical Internacional (CSI) muestran que sólo unos pocos países, todos europeos, recibieron la marca verde de aprobación en grado de respeto por los derechos de los trabajadores a nivel global.

La presente infografía de Statista, basada en los datos recopilados por la CSI, refiere que el resto del mundo muestra un panorama menos esperanzador: en 2023, el 87 por ciento de los países vulneró el derecho de huelga de sus trabajadores, frente al 63 por ciento de 2014.

Según el informe, el año pasado fueron asesinados líderes sindicales y trabajadores en ocho países, seis de ellos de América Latina: Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Perú. Además, los trabajadores padecieron violencia en 44 países.

Así, Bangladesh se encuentra entre los diez peores países del mundo en materia de derechos de los trabajadores, junto con Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar (Birmania), Túnez y Turquía.

La organización clasificó 149 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores, esto es, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, entre otros, en una escala del 1 (violaciones esporádicas de los derechos) al 5+ (derechos no garantizados debido a la ruptura del Estado de derecho).

El año pasado, Oriente Medio y el Norte de África recibieron la peor puntuación de las regiones en el Índice Global de Derechos, con una media de 4,53 puntos. Le siguieron Asia-Pacífico con 4,18, África con 3,84, América con 3,52 y Europa con 2,56.

Statista recuerda que la CSI envía cuestionarios a sindicatos nacionales de todo el mundo para que informen sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores, mismas que se registran cada año de abril a marzo y se verifican las legislaciones nacionales para identificar las secciones que no protegen adecuadamente los derechos laborales colectivos reconocidos internacionalmente.

A continuación, se analiza cada país en relación con 97 indicadores derivados de los convenios y la jurisprudencia de la OIT para crear un índice que refleje las violaciones de los derechos de los trabajadores en la ley y en la práctica.

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