La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) invitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC por sus siglas en inglés) para coadyuvar en la generación de políticas de empleo a favor de las personas privadas de su libertad, de acuerdo con las mejores experiencias internacionales.

Lo anterior se informó en el marco de la primera reunión anual del Comité Nacional de Fomento Laboral Penitenciario (CNFLP), presidido por el titular de la STPS, Marath Bolaños López, quien además dio a conocer que ya se cuenta con una empresa internacional para iniciar un programa piloto de empleo para este sector de la población.

Para este fin, la STPS ha diseñado tres proyectos que se implementarán en el marco del CNFLP en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la OIT y el ONUDC, que son: capacitar a una empresa sobre la importancia de la inclusión laboral de personas que cumplieron una sentencia en Centros Penitenciarios Federales; elaborar un diagnóstico de la situación y necesidades de las personas privadas de la libertad en el ámbito laboral y llevar a cabo otro análisis sobre la regulación del trabajo penitenciario.

Para estas actividades, la STPS se reunió con representantes de la OIT y la ONUDC para solicitar la asistencia técnica en la planeación, desarrollo y revisión de los tres proyectos, sobre todo para aprender de las mejores prácticas internacionales en la materia y poder aplicarlas en el país.

En los avances logrados hasta el momento, se informó que se ha establecido contacto con una empresa productora de llantas para proponerle que participe en un proyecto piloto para la inclusión laboral de personas que cumplieron una sentencia en Centros Penitenciarios Federales, la cual manifestó su interés al respecto.

Finalmente, se aprobó por unanimidad del Comité realizar un exhorto, a través de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), para que en el marco de la Recomendación General 44/2021, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 22 de octubre de 2021 sobre el deber del Estado de garantizar el derecho al trabajo digno a las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, para explorar la posibilidad de instalar comités similares en sus entidades.

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