El fondo de vivienda asciende a 2.4 billones de pesos.
Con 67 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado de la República avaló en lo particular el proyecto para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vivienda con orientación social.
El proyecto establece que entre los objetivos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) estará la construcción de vivienda, para lo cual constituirá una empresa filial; el mismo instituto, además, deberá establecer programas para otorgar acceso a la vivienda a los trabajadores mediante arrendamiento social, entre otras modificaciones.
Un boletín del reciento legislativo refiere que, en tribuna, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, de Morena, afirmó que la propuesta propone créditos más accesibles y flexibles, elimina las altas tasas de interés y los trámites burocráticos; además, promueve la construcción de viviendas en zonas con acceso a servicios esenciales “y se le dice basta a un pasado de abandono, corrupción y deshumanización”.
De Acción Nacional, Gina Gerardina Campuzano González manifestó que las reformas representan un “ataque directo” a la economía de la población, ya que Morena busca “despojar a los mexicanos de sus ahorros del Infonavit, al más puro estilo sucio, oscuro, perverso y corrupto”.
Del PVEM, Waldo Fernández González destacó que el proyecto tiene una visión social, ya que plantea otorgar financiamiento para adquirir vivienda digna, así como rentas fijas nada excesivas con la posibilidad de comprarlas. Para los gobiernos de la Cuarta Transformación, dijo, la vivienda es una prioridad, “por eso asumimos con responsabilidad este tipo de propuestas que beneficiarán a miles de personas”.
Mely Romero Celis, del PRI, dijo que su bancada está a favor de la vivienda para mujeres y jóvenes, pero advirtió que esta reforma abre la posibilidad para que el gobierno tome recursos de los trabajadores derechohabientes a vivienda, para que los invierta en proyectos inmobiliarios fallidos, lo que pone en riesgo el dinero, porque no hay mecanismos de protección.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, aseguró que con la enmienda el Estado recupera su papel rector en la planeación, desarrollo y regulación de los proyectos habitaciones, además de que no se limitará a construir casas, sino que también desarrollará comunidades; “se trata de crear entornos que fomenten el bienestar y la calidad de vida”, agregó.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital