Este sector social enfrenta más barreras y dificultades para acceder a derechos básicos como educación y empleo, y según el INEGI, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más representó en 2020 el 38 por ciento, es decir 2.4 millones de personas.
A fin de otorgar estímulos fiscales a patrones que empleen a personas con discapacidad y exentarles de aportar cuotas de seguridad social, el diputado José Luis Hernández Pérez (PVEM) presentó una iniciativa para modificar las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Seguro Social.
Así, se busca que de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal correspondiente, se pueda deducir un monto equivalente al “doble” del salario efectivamente pagado a personas empleadas que padezcan discapacidad motriz, que requieran permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje o invidentes.
Esta reforma al segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, agrega un párrafo para establecer que el Servicio de Administración Tributaria elaborará y mantendrá actualizado un padrón de las personas trabajadoras registradas por los contribuyentes para obtener el estímulo previsto en dicho artículo.
En los artículos 25, 106, 107 y 147 Ley del Seguro Social propone que los patrones que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que requieran permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje o invidentes, estarán exentos de aportar las cuotas.
En el documento, suscrito por el diputado Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del grupo parlamentario del PVEM, fue remitido a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Argumenta que el trabajo no debe ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas, que permite a quienes lo ejercen vivir de manera plena e independiente.
Refiere que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 126 millones 14 mil 24 personas contadas en México, siete millones 168 mil 178 tienen discapacidad y/o algún problema o condición mental.
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