A pesar de la recuperación progresiva del empleo tras la crisis del COVID-19, persisten desigualdades significativas que afectan a la población joven, especialmente a las mujeres y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y es que, desde 2023, la tasa de desocupación juvenil en América Latina y el Caribe fue tres veces mayor que la de los adultos, situación a la que se suma que cerca del 60 por ciento de las personas jóvenes trabajan en la informalidad, limitando su acceso a la seguridad social y a condiciones laborales dignas.
“La gran mayoría de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente son mujeres, cuyas responsabilidades de trabajo doméstico y otras formas de cuidados no remunerados obstaculizan su inserción laboral con trabajo decente”, abunda.
En este marco, el reporte Juventud en cambio: desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe, plantea la creciente brecha entre las competencias adquiridas en el sistema educativo y las demandas del mercado laboral.
Subraya que pese a valorar la educación como un medio para mejorar su empleabilidad, muchas personas jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleos acordes con su formación. Esta situación se ve agravada por la expansión de nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales, que si bien ofrecen flexibilidad, suelen estar marcadas por la precariedad.
Las personas jóvenes también expresan una creciente desconfianza en los sistemas de seguridad social y en los esquemas de pensiones, lo que las lleva a buscar alternativas de ahorro independiente. Asimismo, el informe señala que la participación sindical de este grupo etario es baja, en gran parte debido al desconocimiento sobre sus derechos y las opciones de representación.
Para abordar estos desafíos, la OIT recomienda fortalecer los sistemas de formación profesional, promover políticas activas de empleo juvenil y reforzar la protección social. También destaca la necesidad de ampliar los sistemas nacionales de cuidado para reducir las barreras que enfrentan las mujeres jóvenes en el acceso al mercado laboral.
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