Las Comisiones del Trabajo y Previsión Social, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, aprobaron un proyecto para proteger los derechos laborales de las y los deportistas profesionales, así como para establecer la igualdad de salario base para mujeres y hombres en el ámbito deportivo.

Se trata de un dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo, derivado de varias propuestas presentadas por distintos Grupos Parlamentarios, que tiene el objetivo de mejorar los derechos y las condiciones de trabajo de las personas deportistas profesionales, con miras a que éstas puedan ejercer libremente sus derechos sin distinción de la industria deportiva a la que presten sus servicios.

De acuerdo con un boletín del recinto legislativo, las comisiones que presiden el senador Napoleón Gómez Urrutia, la senadora Martha Lucía Micher Camarena y el senador Rafael Espino de la Peña avalaron las reformas por mayoría.

Con ello, se establece que será violatoria del principio de igualdad de salarios, la disposición que estipule salarios base distintos para trabajos iguales, por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas deportistas profesionales.

Además, contempla que el salario base podrá contar con aportaciones adicionales derivadas de la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional.

En el artículo segundo transitorio, se estipula que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente Decreto, formulará y publicará la política salarial y establecerá el salario base.

El proyecto aprobado por las y los legisladores obliga a las personas empleadoras a inscribir y aportar a la seguridad social de la persona deportista profesional, lo que incluye las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda; así como organizar y mantener un servicio médico privado especializado para la persona deportista profesional, conforme a los requisitos de la disciplina deportiva que desarrolla y con perspectiva de género.

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