Desde la óptica del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tanto los gobiernos como las empresas tienen un papel clave para incentivar la participación de las mujeres en la economía y potenciar la competitividad del país y de las entidades.

Por ello, y a decir del centro de investigación en política pública, desde el sector público, las autoridades deben fungir como pilar para construir un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) asequible y que garantice los servicios y derechos a todas las trabajadoras, incluyendo aquellas que se emplean en la informalidad. Esto incluye ampliar el acceso a servicios de salud, cuidado infantil y educación.

Asimismo, es necesario promover la corresponsabilidad de cuidados a través de la aprobación de licencias de paternidad obligatorias que permitan a los padres en el mercado laboral destinar tiempo a las responsabilidades del hogar y construir un piso parejo de prestaciones que no dependan de género.

Por su parte, las empresas tienen la capacidad de implementar e institucionalizar lineamientos claros para el desarrollo de estrategias de flexibilidad laboral y políticas de cuidados. Por ejemplo, licencias parentales extendidas y remuneradas, subsidios para el cuidado infantil, así como horarios flexibles.

De igual manera, las organizaciones pueden implementar estancias de cuidado infantil en los centros de trabajo. Actualmente, las reglas de operación de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permiten a las empresas ser corresponsables en la operación de estancias exclusivas para sus trabajadores.

Datos del IMCO estiman que entre 2025 y 2035 podrían sumarse 6.9 billones de pesos adicionales al PIB si se logra el escenario meta. Es decir, si el país opta por acelerar la inclusión de más mujeres, en 2035 el PIB podría ser 3.7 por ciento mayor en comparación con el escenario base.

Además, el valor económico del trabajo de las mujeres aumentaría 35 por ciento, pasando de 3 billones de pesos a 4.1 billones de pesos.

Alcanzar una participación económica de 67 por ciento entre las mujeres implica distintos niveles de esfuerzo para las entidades del país. Mientras que Baja California Sur, Colima y Ciudad de México registran una participación económica cercana a 60 por ciento, en Chiapas o Tabasco esta cifra se ubica por debajo de 40 por ciento.

Para alcanzar la participación de los países de la OCDE (escenario meta), Chiapas y Tabasco tendrían que aumentar su población de mujeres económicamente activas en más del doble, mientras que Ciudad de México o Colima requieren aumentarla en menos de 40 por ciento.

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