La Comisión Especial para revisar y vigilar el proceso de quiebra de Altos Hornos de México, que preside el senador Luis Fernando Salazar Fernández, se reunió con Víctor Manuel Aguilera, síndico en funciones que está a cargo del procedimiento, con la intención de dar seguimiento a la situación que aqueja a las y los trabajadores afectados por la quiebra de la empresa.

Salazar Fernández afirmó que las y los trabajadores son quienes han “cargado” con las consecuencias de decisiones ajenas a su voluntad, por lo que el interés de la Comisión es sostener un diálogo y resolver las dudas que han surgido de reuniones derivadas con las y los afectados, subraya un comunicado del Senado.

Víctor Manuel Aguilera, síndico en funciones en el procedimiento de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V., (AHMSA), y designado en el procedimiento concursal de su filial Minera del Norte, S.A. de C.V., asentó que él tomó posesión de la empresa a partir del 11 de diciembre de 2024, y antes de él hubo otra administración encabezada por el consejo de administración de la empresa, por lo que “yo respondo a partir de esa fecha”.

Indicó que es el mismo caso con la filial Minera de Norte, dado que tomó posesión el 4 de febrero de 2025, por lo que él se hace responsable a partir de esa fecha, pues las anteriores decisiones las tomó el consejo de administración.

Manuel Aguilera agregó que actualmente está en proceso la toma de inventario de Minera del Norte, pues el inventario de Altos Hornos se entregó en el juzgado el pasado 4 de marzo, por lo que todas las partes involucradas lo pueden consultar, y el de la filial concluye el próximo 15 de abril. Paralelamente, dijo que se lleva a cabo un avalúo de la empresa Altos Hornos como unidad productiva, porque “no pretende que se venda como piezas, porque esto implicaría que fuese una chatarra”.

Añadió que, una vez concluido el proceso, se convocará a participar a inversionistas dispuestos a poner en marcha la empresa, una subasta modificada en la que se considere que sean empresas con solvencia técnica, económica, ya que sólo ponerla en marcha cuesta entre 300 y 500 millones de dólares, para que opere de manera rentable.

Aguilera advirtió que “no será posible” recuperar la totalidad de las fuentes de empleo que había, se hará por partes y el número de trabajadores dependerá del inversionista, además de que hay un plan de negocios a mediano y largo plazo que permitirá a la empresa crecer y ser un polo de desarrollo. Ante ello, se debe contratar a un asesor financiero que dé transparencia al proceso e invite a inversionistas nacionales e internacionales.

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