El diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (PT) impulsa una iniciativa de reforma para establecer en la Ley de Migración la obligatoriedad de implementar estrategias para garantizar la reinserción social, laboral y económica de las y los mexicanos en retorno.

Propone un mecanismo de homologación de estudios para los connacionales en retorno que hayan cursado niveles educativos en el extranjero, a quienes se les reconocerán los certificados, diplomas y grados académicos expedidos por instituciones extranjeras, conforme a los criterios de equivalencia determinados por la autoridad educativa competente.

También, indica un boletín del recinto legislativo, desarrollar e implementar programas de certificación de competencias laborales adquiridas en el extranjero por los connacionales en retorno.

La iniciativa, que adiciona un Capítulo Segundo denominado De los Connacionales en Retorno, al Título Segundo de la Ley antes mencionada, y agrega un artículo 17 Bis, fue enviada a la Comisión de Asuntos Migratorios.

En su exposición de motivos, señala que ante la creciente tendencia de deportaciones y retornos voluntarios, es imperativo que México implemente un marco normativo sólido que garantice la reinserción efectiva de sus ciudadanos.

El endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos, en los últimos años, ha provocado un aumento en el número de mexicanos que regresan a nuestro país, encontrándose con múltiples dificultades para su integración social, laboral y educativa, precisa.

Refiere que algunos obstáculos que enfrentan es la falta de mecanismos adecuados y accesibles para la homologación de estudios cursados en el extranjero, la certificación de competencias laborales adquiridas en otros países y la expedición ágil de documentos oficiales, y estas barreras dificultan su acceso a empleos formales y oportunidades educativas.

El gobierno mexicano, recalca, ha implementado programas para la certificación de competencias laborales y la homologación de estudios, pero estos esfuerzos dependen en gran medida de la voluntad política y las prioridades de cada administración, sin que exista una garantía legal que asegure su continuidad y obligatoriedad a largo plazo.

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