Una vez aprobado, las comisiones enviarán el dictamen a la Mesa Directiva del Senado para su trámite correspondiente.
Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos, aprobaron el dictamen a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vivienda con orientación social.
Además, acordaron que las reservas que presenten los diferentes grupos parlamentarios para modificar el dictamen se discutan en el Pleno de la Cámara de Senadores, según un comunicado del recinto legislativo.
La minuta enviada establece los objetivos generales y particulares de las funciones del Infonavit, para la generación de un desarrollo social en materia de vivienda que beneficie a la población.
Para ello, plantea la creación de una empresa filial encargada de la construcción de vivienda, que, si bien no se trata de una entidad paraestatal, sí estaría sujeta a mecanismos de control y transparencia.
Además, abre la posibilidad de celebrar contratos y convenios, lo que permitirá que las empresas participen en la construcción de vivienda bajo un esquema que garantice el buen manejo de recursos y se prevengan casos de corrupción.
También regula la figura del arrendamiento social, con lo que se establece un mecanismo que permita el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras, mediante un arrendamiento accesible y con opción de compra.
Además, prohíbe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras, a efecto de poner fin a los cobros excesivos y a los intereses abusivos e impagables.
De igual forma, plantea la facultad de veto de la persona directora general en la Comisión de Administración y Vigilancia, que será limitada y únicamente procederá cuando una resolución no sea adoptada por unanimidad, por lo que su único efecto será suspender la aplicación de la resolución correspondiente para que la Asamblea General resuelva, en definitiva.
El documento establece facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación en materia de vigilancia y fiscalización respectivamente sobre el Infonavit.
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