Con el objetivo de establecer que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva oficiosa en los casos de delitos cometidos por los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro que atenten en contra del haber de retiro de los trabajadores, la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Morena) propuso reformar el artículo 19 de la Constitución Política.

Este artículo estipula que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

De igual forma, señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

A lo anterior, ahora se propone agregar los “delitos cometidos por los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro que atenten en contra del haber de retiro de los trabajadores”.

En el documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, la legisladora Armendáriz señaló que robar a los trabajadores mexicanos sus ahorros de los que dependen para su jubilación es de los delitos más aberrantes que pueden existir.

Y es que, el Sistema de Ahorro para el Retiro administra 6,029,146 millones de pesos que representan 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

De acuerdo con la Consar, el Sistema podría llegar a 9.2 billones de pesos para el 2050, equiparable al 47 por ciento del PIB nacional; se reconoce que su actividad de orden público e interés social requiere de controles más transparentes y estrictos, para garantizar el buen manejo de los ahorros que los trabajadores han acumulado durante su vida productiva.

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