La senadora Geovanna Bañuelos hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que vigile el cumplimiento del pago de utilidades, y en caso de qué éste haya sido negado a los trabajadores, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo brinden apoyo jurídico para exigir el pago.

Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta de la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pide además incrementar la difusión sobre el derecho de las personas trabajadoras a recibir el pago de utilidades y los mecanismos e instancias competentes a las cuales acudir en caso de que se vulnere este derecho.

La legisladora por Zacatecas, recordó que una de las prestaciones obligatorias de ley que le corresponden a los trabajadores, además de las vacaciones con goce de sueldo, la prima vacacional, el aguinaldo, la seguridad social, es la participación en el reparto de las utilidades de la empresa, de acuerdo con un comunicado.

“El reparto de utilidades es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de nuestra Constitución, así como en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Y es el derecho que tienen las personas trabajadoras para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado”, mencionó Geovanna Bañuelos.

“Estos casos se han suscitado en varios estados de la República Mexicana. Un ejemplo es el grupo Corona, en donde 40 trabajadores se fueron a huelga en el estado de Aguascalientes, debido a que sus utilidades se redujeron al 50 por ciento respecto a las del año pasado”, denunció.

Asimismo, Geovanna Bañuelos enfatizó que un hecho aún más preocupante es que existen empresas que despiden injustificadamente a los trabajadores que se manifiestan o emplazan a huelga para exigir el reparto digno de utilidades, las cuales, por derecho, les corresponden.

Tal es el caso de los empleados de Sum autotapetes, empresa ubicada en la comunidad de Santa María Quelites, en Tepeji del Río, Hidalgo, que solo les otorgó un monto de 300 pesos por concepto de pago de utilidades y fueron despedidos por manifestarse.

“Estos casos son ejemplo de las injusticias laborales que se dan por empresas y patrones que no realizan el reparto de utilidades como lo marca la ley. Además, ante los legítimos reclamos de la clase trabajadora, que ejerce su derecho a manifestarse, ejercen una injustificada violencia y opresión que vulnera los derechos fundamentales de las y los trabajadores”, detalló.

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