Aunque la representación de mujeres en el sector público creció de 34 por ciento en 2006 a 43 por ciento en 2023, las funcionarias siguen subrepresentadas en puestos de mayor nivel jerárquico, como subsecretarías y jefaturas de unidad, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) e Incubadora Míticas.

A través de grupos focales y entrevistas, en los que participaron más de 50 funcionarias públicas de siete secretarías de Estado a nivel federal, ambas instancias identificaron tres barreras principales que reportan las mujeres en las secretarías de Estado: Los intereses políticos frenan el crecimiento de las mujeres, las condiciones laborales no son inclusivas y la violencia laboral limita la permanencia en el trabajo.

En el primer punto, la investigación revela que el sistema de contratación abierta del Gobierno Federal facilita la incorporación de personal de confianza y este tipo de puestos permite el acceso a cargos de mayor nivel jerárquico. Sin embargo, la mayoría de estos puestos son ocupados por hombres (60 por ciento) y su permanencia depende en gran medida de la administración en turno, lo que limita la certidumbre sobre el desarrollo profesional a mediano y largo plazo.

Aunque existen mecanismos para promover la igualdad de género, como el Sistema de Servicio Profesional de Carrera y las Unidades de Género, el impacto no ha sido el esperado. Las mujeres que participaron en las conversaciones señalan que esto se debe a la falta de recursos y de coordinación entre las secretarías.

Respecto a que las condiciones laborales no son inclusivas, el IMCO e Incubadora Míticas sugieren que la falta de políticas de inclusión, como flexibilidad o trabajo híbrido, sumado a jornadas laborales extensas dificultan la conciliación entre la vida personal y laboral.

Dado que las mujeres desempeñan una mayor proporción del trabajo no remunerado, estas condiciones hacen poco viable que ellas puedan crecer dentro de las secretarías de Estado, o bien, las lleva a posponer decisiones personales como el matrimonio o la maternidad.

Sobre el tercer punto, destacan que, si bien existen protocolos obligatorios en las secretarías de Estado, la violencia de género persiste en los entornos laborales. Según el INEGI, una de cada cinco mujeres empleadas en instituciones gubernamentales reporta haber vivido alguna forma de violencia. Las participantes identificaron dos deficiencias en los mecanismos de atención: i) la abstención de denunciar por temor a represalias que puedan afectar su carrera en el sector público y, ii) la falta de instrumentos de denuncia adecuados para reportar estos abusos.

En este marco, el IMCO e Incubadora Míticas proponen:

1. Medir y publicar información sobre las brechas de género en la Administración Pública Federal. La nueva Secretaría de las Mujeres podría liderar este esfuerzo, así como monitorear las políticas implementadas y coordinar las iniciativas entre las diversas dependencias federales.
2. Avanzar de manera gradual hacia una flexibilidad laboral para toda la plantilla laboral. Implementar políticas de trabajo flexible basadas en objetivos que permitan a las mujeres conciliar mejor su vida personal y profesional, mientras que a los hombres les facilita tener un rol más activo en el hogar. Este cambio debe ser acompañado de mecanismos de evaluación de desempeño que prioricen la productividad del equipo de trabajo sobre las horas trabajadas.
3. Incorporar una perspectiva de género en la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Aunque las Disposiciones Generales en Materia de Recursos Humanos de la APF incluyen una perspectiva de género al promover esquemas laborales flexibles y la corresponsabilidad en la maternidad y paternidad, la Ley del Servicio Profesional de Carrera no garantiza lo mismo. Por ello, es necesario homologar la Ley del SPC para asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de crecimiento en las secretarías de Estado, independientemente de su sexo.
4. Fortalecer los mecanismos de denuncia y seguimiento para casos de violencia laboral en las secretarías de Estado. La APF debe garantizar el anonimato de las denunciantes y ofrecer acompañamiento en todo el proceso, así como impulsar la creación de comités paritarios para atender estos casos de manera efectiva.

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